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El Gobierno está ultimando una modificación del Reglamento General de Circulación que busca regular, entre otros temas, el estacionamiento de autocaravanas en áreas urbanas, una cuestión que ha causado interpretaciones conflictivas entre ayuntamientos y usuarios. En teoría, estas podrán estacionar en la calle como cualquier otro vehículo antes de que termine el año, pero algunos ayuntamientos han señalado que seguirán imponiendo multas.
La Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) lleva tiempo denunciando la "inseguridad jurídica" que enfrentan los conductores de estos vehículos debido a la disparidad de criterios entre los ayuntamientos, a pesar de la próxima modificación del código de circulación, y reclama que las normas se apliquen de manera uniforme en todo el país.
Automovilistas Europeos Asociados alerta sobre la "inseguridad jurídica" causada por la variabilidad de criterios municipales, a pesar del próximo cambio en el código de circulación.
Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) había abordado este tema en dos Instrucciones: La 08/V-74, Autocaravanas, de 28 de enero de 2008, ya derogada, y la PROT 2023/14, Autocaravanas, de 11 de julio de 2023, las cuales han sido cuestionadas por ser simples "instrucciones" y no disposiciones de carácter general.
Por este motivo, en el nuevo texto reglamentario, que se espera entre en vigor antes de finalizar el año, se añaden dos nuevos apartados al artículo 92 que establecen los requisitos para determinar qué se considera "estacionamiento" de una autocaravana, permitido en vía pública, y qué es una "acampada", que debe realizarse en áreas designadas.
Los apartados 4 y 5 establecen que el estacionamiento de autocaravanas debe realizarse sin extender elementos que sobrepasen el perímetro del vehículo, descansando sobre neumáticos o calzos de seguridad y sin verter fluidos del habitáculo. Si se cumplen estas condiciones, el estacionamiento solo puede verse limitado por restricciones genéricas de masa y dimensiones o por limitaciones temporales aplicables a todos los vehículos.
Aunque este cambio normativo debería proporcionar mayor seguridad jurídica a los usuarios de estos vehículos, el presidente de la AEA, Mario Arnaldo, no es optimista respecto a que la reforma resuelva el problema de las multas. Arnaldo advierte que, con el argumento de la autonomía municipal, muchos ayuntamientos seguirán multando a las autocaravanas que estacionen en la calle.
Arnaldo denuncia que, en materia de seguridad vial municipal, España es un "reino de taifas", y que frente a la norma estatal, los ayuntamientos invocan su autonomía, obligando a los ciudadanos a conocer no solo el Código de Circulación estatal, sino también más de 8.000 ordenanzas municipales.
Numerosos ayuntamientos están prohibiendo el estacionamiento de autocaravanas en sus ordenanzas, basándose en antiguos pronunciamientos judiciales o mediante señales. Esto se ha visto, por ejemplo, en Benidorm y Jávea, donde se prohíbe el estacionamiento de vehículos-vivienda en ciertas áreas, y en San Martín de Valdeiglesias, donde se prohíbe el estacionamiento nocturno de autocaravanas y otros vehículos similares sin autorización.
Mario Arnaldo recuerda que los tribunales han respaldado a los ayuntamientos, permitiéndoles establecer restricciones de estacionamiento en sus ordenanzas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo permitió al Ayuntamiento de Vélez-Málaga imponer restricciones específicas a las autocaravanas, y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoció la competencia del Ayuntamiento de Santa Margalida para prohibir el estacionamiento de estos vehículos.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. (Imagen: AEA)
La asociación reclama una reforma de la ley de tráfico para garantizar una aplicación uniforme de las normas en todo el país, evitando interpretaciones municipales dispares.
La AEA reclama una modificación de la ley de tráfico para asegurar que las normas se apliquen uniformemente en todo el territorio nacional, evitando que cada ayuntamiento tenga sus propias reglas, ya que el tráfico y la seguridad vial son competencias exclusivas del Estado según la Constitución.
Arnaldo envidia el modelo francés, donde una norma de tráfico se aplica de manera uniforme en todos los municipios, y solicita una modificación similar en España para poner fin a la inseguridad jurídica que enfrentan los conductores.
